viernes, 20 de abril de 2007

Escuelas con problemas edilicios

PIDEN QUE SE CUMPLA CON EL INICIO DE OBRAS ACORDADO CON EL GOBIERNO
Problemas edilicios - Padres de alumnos mantienen tomada una escuela de Pilar


LA PLATA, 20 ABR.- Un grupo de padres de alumnos de la Escuela n° 2 de Manuel Alberti, localidad del partido de Pilar, mantienen tomado el establecimiento desde el martes último. Piden que el Gobierno cumpla con un acta acuerdo firmado con representantes del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos en el mes de enero pasado, en el que habían consignado el inicio de reparación de varias aulas incendiadas en octubre del año pasado. Mañana marcharán en esa localidad.

Desde el martes 17 pasado, un grupo de padres tomaron por segunda vez en el año las instalaciones denunciando "el incumplimiento de las obras prometidas en enero de este año, por las autoridades provinciales", señaló a Anpress Liliana Ruíz, madre de uno de los alumnos.

Los padres denuncian que la Escuela Nº 2, ubicada en la calle Francisco De Arteaga y San Martín, tiene problemas de infraestructura que afectan la seguridad de los niños y del personal que trabaja. El 8 de octubre pasado, el establecimiento sufrió el incendio de tres aulas, que debían comenzar a ser reparadas, según denunciaron, el 20 de marzo.

"La escuela va a seguir tomada hasta que no empiecen las obras. En febrero firmamos un acta compromiso con el señor Rey, del Ministerio de Infraestructura, y no cumplieron. Habían prometido que empezaban con las obras un mes, por eso el 17 volvimos a tomar la escuela", explicó Ruíz.

Esta mañana, los padres firmaron un contrato con autoridades del Ministerio en el que "se comprometieron a iniciar las obras el lunes" próximo, explicó Ruíz. Además, resaltó que el escrito presentaba algunas irregularidades: "no tenía fecha de inicio, ni hicieron una copia", dijo, por lo que permanecerán en el edificio hasta que los operarios comiencen a trabajar.

De todas formas, anunciaron que mañana "los padres vamos a hacer una marcha (a las 17) en reclamo de las mejoras prometidas", y advirtieron que participarán otras escuelas con problemas similares y vecinos de barrios que sufren inundaciones reiteradas.

Respecto del reclamo vecinal, Ruíz resaltó: "los chicos tienen sufrimientos en su casa, tienen sufrimientos en la escuela y cuando nosotros, los padres, éramos chicos, siempre la escuela era más linda que la casa y ahora lamentablemente es lo mismo. No estamos resignados a vivir así y que las cosas no se arreglen si hay plata", disparó. [ANPRESS]

pr/kc

jueves, 19 de abril de 2007

Policías a juicios por torturas

DIEGO GALLARDO MURIÓ EN 2005 POR LOS GOLPES RECIBIDOS EN UNA CELDA
Piden prisión perpetua para cuatro policías acusados de matar a un joven

LA PLATA, 19 ABR.-
Un fiscal pidió penas de prisión perpetua para cuatro ex policías bonaerenses que están siendo juzgados por un Tribunal de Lomas de Zamora, acusados de haber golpeado y provocado la muerte de un joven de 20 años.

Diego Gallardo murió en enero de 2005, luego de haber sido brutalmente golpeado junto a sus compañeros de celda de la comisaría Tercera de Dock Sud, en Avellaneda. Por el caso son juzgados Rubén Gómez, Julio Silva, Marcelo Fiordomo y Hernán Gnopko, todos ellos apartados de la fuerza.

En tanto, la querella solicitó que los imputados sean condenados a reclusión perpetua, y la defensa reclamó la absolución de los cuatro acusados. El veredicto del Tribunal Nº 1 de Lomas de Zamora se dará a conocer el martes próximo.

El fiscal Jorge Michelini solicitó que los ex policías sean condenados por el delito de "homicidio agravado", coincidió con la calificación que el fiscal de instrucción utilizó para elevar la causa a juicio oral, y consideró como agravantes la condición de funcionario público de los acusados.

Michelini imputó a los cuatro ex policías de "severidades reiteradas", por los golpes a los otros siete compañeros de celda de Gallardo; y en el caso de Gnopko, lo acusó de falsificar el certificado médico en el que dejaba constancia que la víctima estaba ilesa.

"El fiscal consideró como agravante genérico que los acusados no brindaran asistencia médica a Gallardo, lo que no hubiera evitado su muerte, pero si aliviado su agonía", explicó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, abogada de la querella, que solicitó que los imputados sean condenados a "reclusión perpetua" por el delito de "torturas seguidas de muerte".

"La autopsia reveló que hubo 57 golpes visibles con el fin específico de castigar ¿Si esto no es tortura, qué es?", se preguntó Verdú.

La defensa de Gnopko, Fiordomo y Silva responsabilizó de la muerte de Gallardo a los efectivos de la comisaría Primera de Avellaneda, donde el joven fue trasladado luego de la golpiza.

Rubén Gómez fue el único de los acusados que hizo uso de las últimas palabras, aseguró que él es inocente y, además, culpó a un subcomisario de la seccional de Dock Sud.

El 10 de enero de 2005, Gallardo estaba detenido en una celda de una comisaría, donde los policías habrían descubierto un túnel que realizaban los presos para escapar de uno de los calabozos.

Según la investigación, los ocho presos que estaban en la celda fueron brutalmente golpeados con palos por los policías y, horas después, reubicados en otras dependencias. Antes del traslado, se labró un informe médico aparentemente falso, en el que se dejaba constancia de que todos los presos estaban en buen estado físico. Al día siguiente, Gallardo comenzó a sentirse mal y murió en el hospital Fiorito. [ANPRESS]

pr/kc

miércoles, 18 de abril de 2007

Penal de Magdalena

TRAS UNA DENUNCIA DEL COMITE POR LA MEMORIA
La Justicia penal ordenó clausuras en la cárcel de Magdalena


LA PLATA, 18 ABR.- La Jueza de Ejecución de La Plata Claudia Marengo dispuso la clausura parcializada y gradual de la Unidad N º35 de Magdalena y ordenó reducir en 300 el número de personas detenidas en esa unidad carcelaria. La medida fue adoptada luego de la denuncia del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria que había presentado dos habeas corpus colectivos por todos los internos ante la falta de una red contraincendios, según se explicó.

A través de un fallo -que se conoció hoy y fue dictado el 11 de abril último-, la magistrada platense resolvió "disponer que en forma parcializada se proceda a clausurar la Unidad N º35 de Magdalena, debiendo efectivizarse esta de a dos pabellones, empezando por los números 7 y 16, y espacios comunes, hasta tanto se efectivicen las reformas y reparaciones que permitan hacer de toda la Unidad un ámbito digno y seguro para el alojamiento futuro de detenidos".

La medida fue adoptada luego de una denuncia realizada por el Comité luego que sus integrantes constataran que esa unidad penal no tenía sistema de protección de incendio para hacer frente a un posible siniestro, no contaba con agua potable en algunos pabellones, que la instalación eléctrica era deficiente y peligrosa, que existían falencias en la atención sanitaria que implicaba la negación del derecho a la salud y a los tratamientos médicos de personas con VIH, basurales a cielo abierto y escasez de alimentos, se denunció en su momento.

La jueza y los peritos de la Asesoria Pericial de la Plata determinaron que la Unidad no puede ser utilizada para el alojamiento de internos y que no cumple con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que la Corte Nacional ordenó se cumplimenten.

Como resultado de las inspecciones de los peritos, Marengo ordenó efectuar "reformas y/o reparaciones en celdas y espacios comunes", para adecuarlas con las disposiciones reglamentarias vigentes de seguridad.

De esa forma demandó al Estado provincial la "provisión de un completo sistema apropiado de seguridad contra incendios, dotando a las celdas en lo pertinente de colchones ignífugos; la reparación inmediata de duchas, cocinas y piletas de cocina y lavado de prendas y plenos de servicios, recomponiéndose las filtraciones que de ellos devengan; regularizar la provisión de agua potable; la reparación de instalación eléctrica y la restauración del espacio para internación que posee la Unidad".

Asimismo, obligó "adecuar el cupo de internos a la capacidad contemplada originariamente, 624 internos", e insta a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) "a regularizar por medio de quien corresponda la diaria recolección de residuos, previniendo la formación de basurales y eliminando los existentes".

En su fallo, Marengo dispuso que se brinde "una adecuada alimentación de todos los internos, asegurando especialmente los refuerzos alimentarios de aquellos internos que padezcan patologías". En relación a los detenidos portadores del virus de HIV, asegura que "deberá diagnosticarse la evolución de la citada patología, proveyendo la medicación antirretroviral pertinente".

Además, según explicaron desde el Comité contra la Tortura, en el expediente judicial consta que el Jefe del SPB, Fernando Díaz, había informado que el funcionamiento de los servicios en la Unidad "era normal". [ANPRESS]

pr/kc