| Por la ausencia de un sistema de protección de incendios |
Cárceles - Piden la clausura total de la unidad penal 35 de Magdalena |
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LA PLATA, 15 FEB.- A través de un habeas corpus colectivo presentado a la Justicia platense, el Comité contra la Tortura de la comisión Provincial por la Memoria solicitó la clausura definitiva de la Unidad Penal 35 de Magdalena, "hasta tanto no tenga un sistema de protección de incendio", precisó Roberto Cipriano García, coordinador del organismo. Denuncian "deficiencias estructurales" en la red preventiva de incendios. |
jueves, 15 de febrero de 2007
Cárceles y denuncias
miércoles, 7 de febrero de 2007
Cárceles
A través de un habeas hábeas presentado por la Comisión por la Memoria
Cárceles - Denuncian sobrepoblación y agravamiento de condiciones de detención en la Unidad 35 de Magdalena
LA PLATA, 06 FEB.- El Comité contra la Tortura presentó esta mañana un habeas corpus a la Justicia denunciando superpoblación y el agravamiento de la condiciones de detención de los detenidos. El escrito revela que la capacidad de alojamiento en la Unidad 35 de Magdalena está superada en unas 150 personas, que un basural en el patio del penal donde proliferan las ratas y ratones, despide olores nauseabundos, que las mangueras de incendio no están y que las visitas de los internos son sometidos a regímenes de visita “irracionales”. La denuncia fue realizada a pocos meses de una anterior realizada sobre una unidad vecina de ese complejo penal.
El habeas corpus colectivo fue presentado esta mañana por ese organismo de la Comisión Provincial por la Memoria en el Juzgado de Ejecución Penal de La Plata. En el escrito –al que Anpress tuvo acceso-, denuncian que en la Unidad 35 de Magdalena previsto para alojar 750 personas conviven entre 850 y 900 internos.
La denuncia fue el producto de una visita que realizó el día 31 de enero, una delegación del Comité en los pabellones 7 y 16 de esa Unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense ubicada en la localidad de Magdalena “a fin de constatar las condiciones de detención de las personas allí alojadas”, explicaron.
En el habeas corpus, resultado de la inspección, denunciaron que “al recorrer estos Pabellones así como también las galerías de acceso, nos llamó poderosamente la atención no ver mangueras o dispositivos contra incendio así como tampoco matafuegos para actuar en caso de emergencias”. En el incendio ocurrido en la Unidad Nº 28 el 16 de octubre de 2005 donde murieron 33 internos, tampoco funcionaban las mangueras de extinción de incendios y los matafuegos eran casi nulos.
En uno de los patios de la Unidad N35, el Comité constató “la presencia de un basural a cielo abierto, desbordado de desechos, emanando un olor nauseabundo que se percibía desde los Pabellones”, describieron en la presentación judicial. En lo que debería ser un lugar de recreo de los presos, observaron “ratas que los internos confirmaron circulan en gran cantidad”, relataron.
“Los dos Pabellones visitados mostraban grandes deficiencias edilicias: humedad y profusión de hongos en las paredes que se veían negras y verdosas, cañerías que perdían gran cantidad de agua y mojaban los pisos que se mantenían constantemente inundados llegando esto hasta las celdas”, continúa el escrito.
Sin teléfono, agua ni luz
Las condiciones descriptas ante la justicia platense muestran la carencia de los principales servicios para los internos: En el Pabellón 16 los internos explicaron al grupo de inspección del Comité que “solo tienen agua dos horas al día ya que cuando la conectan las pérdidas de las cañerías inundan el lugar”.
Además, explicaron que no cuentan con agua caliente para bañarse, y –en la inspección- observaron que “en las celdas se percibe mucha humedad, grietas en las paredes producidas por filtraciones y ventanas sin vidrios”.
“Tampoco cuentan con servicio telefónico en el Pabellón ya que se rompió días antes de nuestra visita y aun no lo habían reparado” denunciaron los integrantes del organismo de la Comisión por la Memoria, lo que generó problemas y un clima “de mucho malestar”, ante la imposibilidad de los internos de comunicarse con sus familias.
Según denunció el Comité, en el Pabellón 7 el panorama era “desolador”: las condiciones son “peores que el descrito anteriormente, e incluso no tenían luz ni agua en todo el día”, resaltaron.
La falta de agua en los meses de verano acarrea el peligro de deshidratación y enfermedades, denunciaron, a lo que la presencia de ratas y ratones en el patio cercano a los Pabellones aumenta ese riesgo.
“Pasan hambre”
Una parte de la denuncia realizada hoy ante el juzgado platense apuntó a un reclamo de los internos: “muchos pasan hambre”, dijeron en el habeas corpus colectivo. Según consta en el escrito, los internos de ambos pabellones abundaron sobre “la falta de una alimentación adecuada, diciendo que recibían solo 6 paquetes de fideos con gorgojos una vez a la semana y verdura cada 15 días”.
Además, aclararon que durante la visita realizada al Penal, que se hizo “en horario del almuerzo”, los integrantes del Comité vieron que la comida tenía “huesos sin carne”, y destacaron que los presos “se alimentan con lo que las familias pueden llevarle”.
También resaltaron que “como el pan llega a las 14, se distribuye a destiempo con el horario de la comida”.
Visitas
Tal como explicó el coordinador del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano García, a Anpress, “la inspección al penal surgió por la denuncia de los internos que se habían modificado el régimen de visitas en ese penal luego del cambio del Jefe de Visitas”.
“Están con mucha bronca por la modificación de las visitas, porque el nuevo jefe impuso condiciones como que los familiares no puedan entrar en ojotas o musculosas, y porque el horario es de 8 a 12 y los hacen esperar hasta las 10 para entrar, con lo que pierden dos horas” de encuentro, explicó.
En el habeas corpus presentado esta mañana aseguran que la Unidad se encuentra “sumamente deteriorada” y en ella “viven personas a las que no se resocializa o reinserta en la sociedad sino que se las somete a una condición infrahumana y semejante al tratamiento que muchas personas dan a sus animales”.
Todas estas deficiencias, concluyen, constituyen el “agravamiento de las condiciones de detención” de los internos alojados en la Unidad Nº 35 de Magdalena. [ANPRESS]
pr
El habeas corpus colectivo fue presentado esta mañana por ese organismo de la Comisión Provincial por la Memoria en el Juzgado de Ejecución Penal de La Plata. En el escrito –al que Anpress tuvo acceso-, denuncian que en la Unidad 35 de Magdalena previsto para alojar 750 personas conviven entre 850 y 900 internos.
La denuncia fue el producto de una visita que realizó el día 31 de enero, una delegación del Comité en los pabellones 7 y 16 de esa Unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense ubicada en la localidad de Magdalena “a fin de constatar las condiciones de detención de las personas allí alojadas”, explicaron.
En el habeas corpus, resultado de la inspección, denunciaron que “al recorrer estos Pabellones así como también las galerías de acceso, nos llamó poderosamente la atención no ver mangueras o dispositivos contra incendio así como tampoco matafuegos para actuar en caso de emergencias”. En el incendio ocurrido en la Unidad Nº 28 el 16 de octubre de 2005 donde murieron 33 internos, tampoco funcionaban las mangueras de extinción de incendios y los matafuegos eran casi nulos.
En uno de los patios de la Unidad N35, el Comité constató “la presencia de un basural a cielo abierto, desbordado de desechos, emanando un olor nauseabundo que se percibía desde los Pabellones”, describieron en la presentación judicial. En lo que debería ser un lugar de recreo de los presos, observaron “ratas que los internos confirmaron circulan en gran cantidad”, relataron.
“Los dos Pabellones visitados mostraban grandes deficiencias edilicias: humedad y profusión de hongos en las paredes que se veían negras y verdosas, cañerías que perdían gran cantidad de agua y mojaban los pisos que se mantenían constantemente inundados llegando esto hasta las celdas”, continúa el escrito.
Sin teléfono, agua ni luz
Las condiciones descriptas ante la justicia platense muestran la carencia de los principales servicios para los internos: En el Pabellón 16 los internos explicaron al grupo de inspección del Comité que “solo tienen agua dos horas al día ya que cuando la conectan las pérdidas de las cañerías inundan el lugar”.
Además, explicaron que no cuentan con agua caliente para bañarse, y –en la inspección- observaron que “en las celdas se percibe mucha humedad, grietas en las paredes producidas por filtraciones y ventanas sin vidrios”.
“Tampoco cuentan con servicio telefónico en el Pabellón ya que se rompió días antes de nuestra visita y aun no lo habían reparado” denunciaron los integrantes del organismo de la Comisión por la Memoria, lo que generó problemas y un clima “de mucho malestar”, ante la imposibilidad de los internos de comunicarse con sus familias.
Según denunció el Comité, en el Pabellón 7 el panorama era “desolador”: las condiciones son “peores que el descrito anteriormente, e incluso no tenían luz ni agua en todo el día”, resaltaron.
La falta de agua en los meses de verano acarrea el peligro de deshidratación y enfermedades, denunciaron, a lo que la presencia de ratas y ratones en el patio cercano a los Pabellones aumenta ese riesgo.
“Pasan hambre”
Una parte de la denuncia realizada hoy ante el juzgado platense apuntó a un reclamo de los internos: “muchos pasan hambre”, dijeron en el habeas corpus colectivo. Según consta en el escrito, los internos de ambos pabellones abundaron sobre “la falta de una alimentación adecuada, diciendo que recibían solo 6 paquetes de fideos con gorgojos una vez a la semana y verdura cada 15 días”.
Además, aclararon que durante la visita realizada al Penal, que se hizo “en horario del almuerzo”, los integrantes del Comité vieron que la comida tenía “huesos sin carne”, y destacaron que los presos “se alimentan con lo que las familias pueden llevarle”.
También resaltaron que “como el pan llega a las 14, se distribuye a destiempo con el horario de la comida”.
Visitas
Tal como explicó el coordinador del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano García, a Anpress, “la inspección al penal surgió por la denuncia de los internos que se habían modificado el régimen de visitas en ese penal luego del cambio del Jefe de Visitas”.
“Están con mucha bronca por la modificación de las visitas, porque el nuevo jefe impuso condiciones como que los familiares no puedan entrar en ojotas o musculosas, y porque el horario es de 8 a 12 y los hacen esperar hasta las 10 para entrar, con lo que pierden dos horas” de encuentro, explicó.
En el habeas corpus presentado esta mañana aseguran que la Unidad se encuentra “sumamente deteriorada” y en ella “viven personas a las que no se resocializa o reinserta en la sociedad sino que se las somete a una condición infrahumana y semejante al tratamiento que muchas personas dan a sus animales”.
Todas estas deficiencias, concluyen, constituyen el “agravamiento de las condiciones de detención” de los internos alojados en la Unidad Nº 35 de Magdalena. [ANPRESS]
pr
viernes, 26 de enero de 2007
Violacion
Es el segundo caso en una semana en la Costa
Violaron a una chica delante de su novio en Mar de Ajó: un detenido
LA PLATA, 26 ENE.- Una chica fue violada por dos jóvenes el último domingo en Mar de Ajó, en el Partido de la Costa, cuando paseaba con su novio. Días después, la víctima identificó a uno de los agresores, quien había sido detenido en General Madariaga en un intento de robo.
Todo comenzó a las 4 del domingo pasado cuando la pareja de turistas provenientes de Florencio Varela paseaba por las calles de Mar de Ajó y fue abordada por dos adolescentes que los llevaron a un descampado.
Allí, los atacantes encapucharon al joven con una de sus prendas, lo ataron, le robaron 20 pesos y lo golpearon. Luego, desnudaron a la joven –que tiene 18 años- y la ultrajaron, informaron fuentes de la comisaría de Mar de Ajó.
Uno de los agresores, también de 18 años, fue detenido en la madrugada del miércoles en General Madariaga, cuando fue sorprendido por la policía en un intento de robo.
Posteriormente, la víctima de la violación lo reconoció como uno de sus atacantes, manifestaron a Anpress voceros policiales de esa ciudad.“El joven fue aprehendido por ‘robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y daños en flagrancia’, y fue sindicado como autor del otro hecho (en referencia a la violación)”, precisaron.
Según indicaron, el muchacho fue detenido en barrio Parque Anchorena, “en pleno centro” de General Madariaga, lo que permitió que la víctima de la violación, tras una rueda de reconocimiento, lo identificara como uno de sus agresores. Su cómplice, en tanto, continúa prófugo.
El joven detenido, oriundo de Madariaga y con antecedentes penales, continúa detenido en la seccional de esa ciudad. Ahora la policía trabaja en la búsqueda del otro autor del hecho.
El ataque sexual es el segundo registrado en un balneario bonaerense esta semana: el domingo, en Ostende, localidad del distrito de Pinamar, una joven de 23 años fue ultrajada cuando concurría a su trabajo en un comercio céntrico de esa ciudad. El autor del hecho continúa prófugo. [ANPRESS]
pr/mva
miércoles, 17 de enero de 2007
De la dictadura al gatillo fácil
| El titular de la seccional de Los Hornos, Eugenio Zaffino, acusado de "encubrimiento agravado" |
| Gatillo Fácil – El comisario detenido figura en los legajos de la dictadura |
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| [ ANPRESS ] LA PLATA, 17 ENE.- El titular de la comisaría Tercera de Los Hornos, el capitán Eduardo Zaffino, quien fue detenido esta semana por orden de la Justicia platense acusado de “encubrimiento agravado" en la causa que investiga el crimen de un joven en un patrullero, se desempeña en la Policía Bonaerense desde la última dictadura militar. Su ficha es una de las 9026 enviadas por el Ministerio de Seguridad al juez Federal Arnaldo Corazza, en el marco de la causa por la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio a Miguel Etchecolatz y de quien se desconoce su paradero desde el 18 de septiembre pasado. Zaffino, imputado por el fiscal que investiga el crimen de Darian Barzábal, el joven de 17 años ultimado a balazos en un patrullero la semana pasada, ingresó a la Policía Bonaerense en 1980, y su ficha –a la que Anpress tuvo acceso- se encuentra entre los 9.026 legajos incorporados en diciembre pasado a la causa que investiga la desaparición de Julio López, en el juzgado federal de primera instancia, a cargo de Corazza. La denuncia fue confirmada hoy a esta agencia por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), querellante en esa causa y en el juicio al ex Director de Inteligencia de la bonaerense en la dictadura, quien además confirmó que 27 uniformados de esa seccional también se incorporaron durante la dictadura. “Son datos pavorosos. No sabemos qué cantidad de personal tiene la comisaría Tercera de Los Hornos, pero 27 de los que están en actividad en Los Hornos figuran en el listado. De estos, 12 entraron antes del '78”, señalaron integrantes del organismo de derechos humanos. Zaffino, quien podría volver a su puesto si se comprueba que no encubrió el asesinato del joven ocurrido el miércoles pasado, se convirtió el lunes en el sexto agente involucrado en el crimen. Darian fue asesinado de un tiro en la nuca cuando era trasladado en un patrullero de esa comisaría platense, acusado de un robo en la casa de otro policía. Por el caso, el sargento Santiago Regalía fue arrestado por homicidio y otros cuatro policías (el sargento Christian Gutiérrez; el teniente primero Iván Adrián Martínez; el teniente Lucas Antonio Oyarzábal y el segundo jefe de la seccional, capitán Carlos Daniel Morales) por el delito de "encubrimiento agravado". Entre los más de 9 mil legajos ingresados a la causa por la desaparición del albañil, se encontraría además el policía que fue asaltado por Darián Barzábal, precisaron las fuentes: "el policía robado también está en la lista; y hasta mediados del año pasado estaba en actividad en la (seccional) Tercera de Los Hornos”, precisó la entidad. “Espíritu de cuerpo, de práctica histórica, de impunidad, es en lo que se han criado (los efectivos)”, señaló Nilda Eloy, integrante de la AEDD, al ser consultada por este medio por el crimen de Barzábal y la denuncia realizada por la asociación. Nueve mil veintiséis fichas policiales Los 9 mil legajos -a los que Anpress tuvo acceso en exclusiva el 14 de diciembre último- llegaron a manos de Corazza, quien había solicitado a la cartera que conduce León Arslanián -al menos un mes y medio antes y en el marco de la causa por la desaparición de Jorge López- el listado de los uniformados que se incorporaron a la Policía antes del retorno de la democracia, en 1983. Las 9 mil fichas registran incorporaciones de personal que aún hoy continúa en actividad -que suman aproximadamente el 20 por ciento de los efectivos de la Bonaerense- desde los años 1973, los primeros, hasta los finales de la dictadura, muchos de los cuales registran asignaciones de "destino desconocido" durante el período dictatorial. El pedido de informe solicitado por Corazza fue realizado en el marco de la causa por la desaparición de López impulsada por los organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya!, luego que el propio León Arslanián informara una semana después de la desaparición de López que unos 60 efectivos que habían trabajado en centros clandestinos de detención continuaban en actividad, de los que sólo 30 fueron jubilados por el Gobierno. "No podemos decir que todos estuvieron en centros clandestinos, pero todos los ámbitos de la Policía participaron de la represión ilegal" durante la dictadura, manifestó a Anpress Nilda Eloy, integrante de Justicia Ya! Finalmente aclaró que deberá ser la Justicia quien determine si alguno de los 9 mil efectivos fue partícipe de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura que gobernó al país entre los años 1976 y 1983. [ANPRESS] |
martes, 16 de enero de 2007
Multas en las rutas provinciales
| La Policía vial labró casi una multa por minuto en lo que va del año |
| Más de 51 conductores son multados por hora en las rutas bonaerenses |
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| [ ANPRESS ] LA PLATA, 16 ENE.- Más de 51 conductores por hora fueron sancionados por cometer infracciones en las rutas bonaerenses durante las dos primeras semanas del año, lo que significa que los inspectores labraron casi una multa por minuto, según indican las estadísticas reveladas hoy por la Superintendencia de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad provincial. De acuerdo al informe al que Anpress tuvo acceso, los efectivos policiales de los diferentes destacamentos viales multaron en lo que va del año a 17.338 automovilistas por infringir la Ley de Tránsito de la Provincia (Nº 11.430). La cifra revela que por día se realizaron 1.238 infracciones, llevando a un promedio de 51,6 faltas labradas por hora en las diferentes rutas de la provincia de Buenos Aires: autovía 2 y las rutas 36, 11, 29, 226, 3, 74, 63, 188 y 33. Entre las faltas graves que fueron verificadas por los uniformados se destacan: "el transporte de cargas sobresalientes al vehículo; el no uso de luces bajas encendidas; el adelantamiento o cambio de carril en curvas, puentes o cimas; utilización de cubiertas con fallas; la no utilización de cinturón de seguridad y cabezales de asientos; el uso telefónico en la conducción; el no respeto a las obligaciones ante señales de tránsito y conducir en estado de ebriedad", destaca el informe. Por este tipo de infracción fueron multados 7.382 conductores, lo que significa 22 actuaciones labradas por hora. Además, los datos dados a conocer por la Superintendencia de Seguridad Vial señala que se labraron 9.956 infracciones por contravenciones leves, entre las que se cuentan: "negar la documentación del rodado a los uniformados, poseer la cédula verde vencida, las chapas identificatorias anti reglamentarias, fallas en la Verificación Técnicas Vehicular (VTV); conducir sin licencia, vencida o inhabilitante, o sin cobertura de seguro", especificaron. Las infracciones leves realizadas por los conductores en la provincia significaron la realización de 711 multas por día, es decir, 29 por hora. En los primeros 14 días del año, los uniformados realizaron casi una multa por minuto. [ANPRESS] |
lunes, 1 de enero de 2007
Entrevista a Carlos Rozanski
Entrevista a Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condeno a Miguel Etchecolatz
“La impunidad ataca la memoria, la justicia permite mirar para adelante”
[ ANPRESS ] LA PLATA, 01 ENE.- “La impunidad ataca la memoria, la justicia permite mirar para adelante”. Con esa frase, el presidente del Tribunal Oral Federal N°1, Carlos Rozanski, que juzgó y condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz por los crímenes cometidos durante un genocidio, definió el accionar de la justicia en los casos donde se investigan delitos de lesa humanidad, y en este caso particular, que se convirtió en el primer proceso con sentencia tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El magistrado atendió a Anpress en su despacho, donde habló de la histórica condena. El juez abundó sobre la importancia de un juicio de estas características para contrarrestar la impunidad y como hecho reparador para las víctimas y sus familiares.
Para acceder a la oficina del juez Rozanski hay que subir cinco pisos del ex Hotel Provincial, donde tiene su sede el palacio de tribunales Federales platense. Tiene una de sus paredes revestida de diplomas y de fotos, y reproducciones en la otra. En el escritorio en el que preparó y trabajó en el juicio que culminó con la reclusión perpetua de Etchecolatz, el juez respondió a cada una de las preguntas.
-Ud. Junto con los jueces Lorenzo e Insaurralde firmó la condena a reclusión perpetua a Etchecolatz en donde sostiene que los crímenes del represor fueron “en el marco del genocidio cometido entre 1976 y 1983”. ¿Cómo entiende que esa sentencia influye hacia atrás en la historia respecto de 30 años de búsqueda de justicia; y hacia el futuro, con los procesos a represores por realizarse?
R: Ahí hay una cosa que tiene que ver con la razón por la que se puso de esa manera: el código penal no contempla en la Argentina la figura legal del genocidio, y aunque lo hubiera contemplado específicamente, y Etchecolatz hubiera sido indagado, procesado y requerido la elevación a juicio por ese delito, entonces se podría haber aplicado la figura para condenarlo por genocidio, pero no hubiera variado la pena porque la que se aplicó es la pena máxima del código penal. Pero hubiera quedado que el delito por el que se lo condenaba era ese. Entonces, si bien no se podía poner como delito motivo de condena, si debía, a mi entender, ponerse concretamente que se trató de un genocidio.
-¿Cómo influye la sentencia?
R: Respecto de los 25 años pasados la sentencia no va a modificar lo que pasó, pero tiene un aspecto si se quiere más filosófico, que es el sentido de llamar las cosas por su nombre. Y eso tiene mucha trascendencia porque durante 25 años se escuchó reclamar que se diga que esto fue un genocidio y no se dijo, entonces terminado el primer juicio de ese período, no podía no decirse. Y ya no por la trascendencia jurídica, sino simplemente por sentido común y por Justicia. De modo que el sentido hacia atrás es ponerle el nombre que al menos a mi entender y compartido por mis colegas, tuvo lo que sucedió en la Argentina.
-Respecto al futuro...
R: En cuanto al futuro en lo que pueda influir, por lo menos desde mi modo de verlo, y que tiene que ver con la motivación para ponerlo explícitamente, tiene que ver con la forma en que se puede encarar o no un proceso de esta naturaleza. Si estos delitos son tomados solamente con el concepto tradicional de que el homicidio es matar una persona, de que los tormentos es infringirle un sufrimiento, entonces eso va a ser una suma de delitos y nada más. Y si es una suma de delitos, los procedimientos tanto para la investigación, para los testigos, para la evaluación de la prueba, para la producción de medidas de prueba, todo eso no va a ser distinto de lo que se hace habitualmente en delitos tradicionales. Si por el contrario, entendemos que llamar a esto genocidio le da una connotación distinta, porque a mi entender obliga a quien está investigando y después a quien está juzgando, a interpretar cada una de las pruebas y las medidas que va a tomar de acuerdo a ese concepto, entonces hay una diferencia importantísima. ¿Qué quiere decir esto? Que si un testigo hace 30 años fue torturado y tenía los ojos vendados, 30 años después pretender un relato como si no hubiera tenido los ojos vendados o como si no hubieran pasado esos, o como si no hubiera tenido un trauma brutal por lo que le pasó, es llevar la investigación a un punto bastante injusto que es sacarla de contexto. Llamar a esto genocidio debería ser interpretado por quien está investigando y eventualmente juzgando, tendría que ser llamado a reflexión de que es obligatorio enmarcar adecuadamente los hechos para poder producir medidas de prueba y después interpretar en la medida justa de lo que ha sucedido. Porque si no, se es injusto con el testigo, con la víctima, con los familiares de la víctima. Ese es el sentido último de para qué tiene que servir que una cosa se llame de una manera y no de otra.
-En la sentencia usted dice que “el derecho crea verdades”. De alguna manera, ¿cree que se cierra una etapa y se deja sentado el hecho de que nuestro país vivió un genocidio?
R: Sin la más mínima duda, lo que pasa es que en otro terreno habría que analizar las razones por las cuales costó tanto tiempo decirlo. En alguna medida, y esto es una apreciación personal, que se tarde 25 años en reconocer algo obvio, prueba también la dimensión de la tragedia sucedida, porque evidentemente se siguen pagando los costos hoy día.
-¿Cree que 30 años después el pueblo argentino estaba en condiciones de asumir esa realidad?
R: Hay un hecho objetivo que es que si no hubiera el espacio adecuado de parte del Estado no se hubiera podido llegar a un juicio así, ni a una sentencia así. Y esto es importante porque significa que más allá de la Justicia, el reclamo no se consigue si no hay un espacio para que el reclamo sea oído. Desde ese punto de vista, no cabe ninguna duda de que el espacio existió y no por el capricho de un gobernante, sino que existió por la evolución de la sociedad argentina.
-En la sentencia, recuperaron el debate en la ONU de 1946 sobre genocidio. ¿Por qué consideraron que es aplicable la definición del genocidio a la Argentina?
R: Si se quiere interpretar que no hubo genocidio, se podía decir y se dijo de mil maneras distintas. Pero la realidad es que si uno es objetivo y analiza los hechos en el contexto, cuando la Convención (de los Derechos del Hombre de París de 1948) se firma, previamente en el año ‘46 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, al definirse inicialmente el genocidio se incluyen los grupos ideológicos o políticos. Luego de ese pronunciamiento de las naciones Unidas que es, creo, la resolución 86, en el año 1948 hay un proyecto de Convención en el que también se incluyen los grupos políticos. Y recién en la Convención (de 1948) y por razones de coyuntura histórica se saca la alusión a los grupos políticos, y se sabe que esto tuvo que ver explícitamente con el régimen de Stalin. Entonces, si uno conoce esos antecedentes lo lógico es analizar los hechos que pasaron en la Argentina en el contexto amplio de lo que significa en concepto de genocidio y no en la cosa restringida a la Convención. Y aún, y esto está explicado en el fallo, cuando se entendiera que solo vale la definición de la Convención, bueno, la Convención incluye grupos nacionales, entonces se analiza en el fallo: lo sucedido en la Argentina involucra al grupo nacional víctimas. Las víctimas de los hechos producidos en ese período (1976-1983) son integrantes del grupo nacional en los términos de la Convención sobre genocidio.
La condena al represor
-¿Cree que Etchecolatz es la punta de un iceberg. Qué es sólo el comienzo por lo más alto de la pirámide de las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad?
R: Yo no sabría decir eso ni debería opinar sobre eso porque sigo actuando en otras causas. Pero la idea es que Etchecolatz fue juzgado por una cantidad de delitos en los que no intervino solo. Sólo que se juzgó la responsabilidad de él.
-¿En el juicio quedó demostrado en todo caso que comandaba grupos?
R: Sí, pero eso ya estaba probado. Por ejemplo: que en la Argentina hubo un plan sistemático surge del Juicio a las Juntas. Más allá de que nunca se le haya puesto un nombre distinto, pero la mecánica de la tortura, del secuestro, eso está todo en la sentencia. Todo eso por supuesto que salió en el juicio a Etchecolatz, pero ya estaba de antes.
–¿En qué aspectos considera que el juicio de Etchecolatz hizo aportes a la reconstrucción del plan sistemático de exterminio?
R: Refuerza algo que ya había sido probado pero que en un paréntesis de 25 años, y si se vuelve a juzgar casos de esta naturaleza, es imprescindible recordarlo para decir: aquello que ya fue probado hoy se constata una vez más, porque hay personas que están relatando de manera no cuestionable con testimonios absolutamente claros y veraces, cómo han sucedido las cosas. Eso tiene un valor importante en cuanto a mantener la memoria. La impunidad ataca la memoria porque con el tiempo, por más reclamo que haya se pierde. La justicia cuando termina y cierra el círculo no solo permite el duelo de lo que nunca se puede cuando hay impunidad, sino que además permite mirar para adelante diciendo «por lo menos no dejamos atrás nada», en este caso particular porque tuvimos el espacio para juzgarlo y condenarlo; y eso cierra. Eso le permite (a las víctimas y sus familiares) comenzar un duelo que nunca se pudo hacer.
-¿Piensa que este juicio funcionó como instancia reparadora para los familiares y sobrevivientes? ¿Considera que estos juicios son reparadores?
R: Es subjetivo, pero yo en lo personal creo que sí. Y tiene que ver con lo que yo escuché: si una Madre (de Plaza de Mayo) dice que tenía una opresión en el pecho durante 30 años y se le fue y esa sensación física la tiene a partir de la sentencia es un hecho inobjetable, porque se puede cuestionar lo que la gente hace o dice, pero no lo que siente. Entonces si una Madre puede sentir eso, yo creo que mayor ejemplo paradigmático del valor reparador de un cacto de justicia no se donde se podría encontrar si no es en esto. Entonces, desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda, porque ese es uno de los testimonios que yo escuché porque me lo han dicho a mí. Eso yo lo presencié, lo vi y soy un convencido que el acto reparador que tiene una sentencia justa no es igualable con ninguna terapia. Hay que hacer terapias, lógico, pero la base de comenzar a elaborar un duelo es saber lo que pasó y que haya una respuesta del Estado, que no es otra que la sanción. Y eso es lo que se negó en este caso particular durante 25 años.
Caso López
-¿Qué piensa que el juicio haya sido teñido con la desaparición de Jorge Julio López? ¿Por qué cree que pasa esto, que el país deba vivir nuevamente esta situación?
R: Eso era impensable. Se habló mucho y se cuestionó con razón la ausencia del Estado en la protección de las víctimas. Lo cierto es que en todos los casos la protección específica, su demanda, tiene que ver con que uno se siente inseguro. Y acá se da la paradoja de que si el espacio existió para hacer este tipo de juicio, uno lo último que puede pensar es que dentro de ese espacio se puede llegar a una tragedia como la que estamos viviendo. Es más, creo que si hubiera existido conciencia de la posibilidad de este tipo de tragedia se hubieran encarado las cosas de otra manera. Pero la sociedad no consideró eso; no es un caso de que la Justicia o el Estado no lo consideró: las propias querellas no lo consideraron. Porque no esperaban esto. Lo que no quiere decir que, sucedido, uno no deba sentarse a pensar cómo se sigue. Porque se sigue, por supuesto.
-Cuando fue amenazado usted dijo que los juicios a los represores eran irreversibles... ¿Cómo se sigue?
R: Es irreversible; eso es un hecho y no tengo ninguna duda de que no hay vuelta atrás. Lo que sí hay es una toma de conciencia que fue creciendo con la desaparición de López, donde la Provincia se movilizó para generar mecanismos de protección que antes no estaban; la Nación lo mismo.
-¿Que tipo de testigo fue López en el juicio?
R: López es un hombre que no tiene ningún tipo de inhibición para contar lo que pasó. Necesita contarlo y tuvo el valor para contarlo. Entonces, en última instancia es el mejor testigo, porque no especula, no tiene reservas, no se guarda cosas y facilita, porque en general, el testigo es reticente de mala o buena fe, pero estamos hablando del que tiene dificultades para contar las cosas, se puede saber igual la verdad a través de su testimonio pero requiere proceso de interpretación distinto. En cambio, el testigo que como en el caso de López se sienta y cuenta lo que pasó y lo cuenta con una claridad y una lógica irrebatible, López dijo: “desde el lugar tal y tal se veía una palmera y un techo de tejas”. Cuando fuimos al lugar dijo: “ahí está”. Tengo una foto donde él me señala todas esas cosas.
Carlos Rozanski es con 55 años dueño de un amplio currículum vitae: es el primer juez federal nombrado por concurso por el Consejo de la Magistratura; fue titular de la Cámara del Crimen de Bariloche y participó en el Consejo de la Magistratura de Río Negro. Además, es especialista en legislación sobre maltrato y abuso infantil –muchos de los diplomas colgados en la pared de su despacho lo confirman- y publicó el libro “Abuso sexual infantil: Denunciar o silenciar”, y es el redactor de la ley 25852 del CPPN que regula el testimonio de chicos abusados ante la justicia. Junto con los jueces Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, firmó la sentencia a Etchecolatz y fue uno de los funcionarios judiciales que recibieron amenazas. [ANPRESS]
“La impunidad ataca la memoria, la justicia permite mirar para adelante”
[ ANPRESS ] LA PLATA, 01 ENE.- “La impunidad ataca la memoria, la justicia permite mirar para adelante”. Con esa frase, el presidente del Tribunal Oral Federal N°1, Carlos Rozanski, que juzgó y condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz por los crímenes cometidos durante un genocidio, definió el accionar de la justicia en los casos donde se investigan delitos de lesa humanidad, y en este caso particular, que se convirtió en el primer proceso con sentencia tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El magistrado atendió a Anpress en su despacho, donde habló de la histórica condena. El juez abundó sobre la importancia de un juicio de estas características para contrarrestar la impunidad y como hecho reparador para las víctimas y sus familiares.
Para acceder a la oficina del juez Rozanski hay que subir cinco pisos del ex Hotel Provincial, donde tiene su sede el palacio de tribunales Federales platense. Tiene una de sus paredes revestida de diplomas y de fotos, y reproducciones en la otra. En el escritorio en el que preparó y trabajó en el juicio que culminó con la reclusión perpetua de Etchecolatz, el juez respondió a cada una de las preguntas.
-Ud. Junto con los jueces Lorenzo e Insaurralde firmó la condena a reclusión perpetua a Etchecolatz en donde sostiene que los crímenes del represor fueron “en el marco del genocidio cometido entre 1976 y 1983”. ¿Cómo entiende que esa sentencia influye hacia atrás en la historia respecto de 30 años de búsqueda de justicia; y hacia el futuro, con los procesos a represores por realizarse?
R: Ahí hay una cosa que tiene que ver con la razón por la que se puso de esa manera: el código penal no contempla en la Argentina la figura legal del genocidio, y aunque lo hubiera contemplado específicamente, y Etchecolatz hubiera sido indagado, procesado y requerido la elevación a juicio por ese delito, entonces se podría haber aplicado la figura para condenarlo por genocidio, pero no hubiera variado la pena porque la que se aplicó es la pena máxima del código penal. Pero hubiera quedado que el delito por el que se lo condenaba era ese. Entonces, si bien no se podía poner como delito motivo de condena, si debía, a mi entender, ponerse concretamente que se trató de un genocidio.
-¿Cómo influye la sentencia?
R: Respecto de los 25 años pasados la sentencia no va a modificar lo que pasó, pero tiene un aspecto si se quiere más filosófico, que es el sentido de llamar las cosas por su nombre. Y eso tiene mucha trascendencia porque durante 25 años se escuchó reclamar que se diga que esto fue un genocidio y no se dijo, entonces terminado el primer juicio de ese período, no podía no decirse. Y ya no por la trascendencia jurídica, sino simplemente por sentido común y por Justicia. De modo que el sentido hacia atrás es ponerle el nombre que al menos a mi entender y compartido por mis colegas, tuvo lo que sucedió en la Argentina.
-Respecto al futuro...
R: En cuanto al futuro en lo que pueda influir, por lo menos desde mi modo de verlo, y que tiene que ver con la motivación para ponerlo explícitamente, tiene que ver con la forma en que se puede encarar o no un proceso de esta naturaleza. Si estos delitos son tomados solamente con el concepto tradicional de que el homicidio es matar una persona, de que los tormentos es infringirle un sufrimiento, entonces eso va a ser una suma de delitos y nada más. Y si es una suma de delitos, los procedimientos tanto para la investigación, para los testigos, para la evaluación de la prueba, para la producción de medidas de prueba, todo eso no va a ser distinto de lo que se hace habitualmente en delitos tradicionales. Si por el contrario, entendemos que llamar a esto genocidio le da una connotación distinta, porque a mi entender obliga a quien está investigando y después a quien está juzgando, a interpretar cada una de las pruebas y las medidas que va a tomar de acuerdo a ese concepto, entonces hay una diferencia importantísima. ¿Qué quiere decir esto? Que si un testigo hace 30 años fue torturado y tenía los ojos vendados, 30 años después pretender un relato como si no hubiera tenido los ojos vendados o como si no hubieran pasado esos, o como si no hubiera tenido un trauma brutal por lo que le pasó, es llevar la investigación a un punto bastante injusto que es sacarla de contexto. Llamar a esto genocidio debería ser interpretado por quien está investigando y eventualmente juzgando, tendría que ser llamado a reflexión de que es obligatorio enmarcar adecuadamente los hechos para poder producir medidas de prueba y después interpretar en la medida justa de lo que ha sucedido. Porque si no, se es injusto con el testigo, con la víctima, con los familiares de la víctima. Ese es el sentido último de para qué tiene que servir que una cosa se llame de una manera y no de otra.
-En la sentencia usted dice que “el derecho crea verdades”. De alguna manera, ¿cree que se cierra una etapa y se deja sentado el hecho de que nuestro país vivió un genocidio?
R: Sin la más mínima duda, lo que pasa es que en otro terreno habría que analizar las razones por las cuales costó tanto tiempo decirlo. En alguna medida, y esto es una apreciación personal, que se tarde 25 años en reconocer algo obvio, prueba también la dimensión de la tragedia sucedida, porque evidentemente se siguen pagando los costos hoy día.
-¿Cree que 30 años después el pueblo argentino estaba en condiciones de asumir esa realidad?
R: Hay un hecho objetivo que es que si no hubiera el espacio adecuado de parte del Estado no se hubiera podido llegar a un juicio así, ni a una sentencia así. Y esto es importante porque significa que más allá de la Justicia, el reclamo no se consigue si no hay un espacio para que el reclamo sea oído. Desde ese punto de vista, no cabe ninguna duda de que el espacio existió y no por el capricho de un gobernante, sino que existió por la evolución de la sociedad argentina.
-En la sentencia, recuperaron el debate en la ONU de 1946 sobre genocidio. ¿Por qué consideraron que es aplicable la definición del genocidio a la Argentina?
R: Si se quiere interpretar que no hubo genocidio, se podía decir y se dijo de mil maneras distintas. Pero la realidad es que si uno es objetivo y analiza los hechos en el contexto, cuando la Convención (de los Derechos del Hombre de París de 1948) se firma, previamente en el año ‘46 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, al definirse inicialmente el genocidio se incluyen los grupos ideológicos o políticos. Luego de ese pronunciamiento de las naciones Unidas que es, creo, la resolución 86, en el año 1948 hay un proyecto de Convención en el que también se incluyen los grupos políticos. Y recién en la Convención (de 1948) y por razones de coyuntura histórica se saca la alusión a los grupos políticos, y se sabe que esto tuvo que ver explícitamente con el régimen de Stalin. Entonces, si uno conoce esos antecedentes lo lógico es analizar los hechos que pasaron en la Argentina en el contexto amplio de lo que significa en concepto de genocidio y no en la cosa restringida a la Convención. Y aún, y esto está explicado en el fallo, cuando se entendiera que solo vale la definición de la Convención, bueno, la Convención incluye grupos nacionales, entonces se analiza en el fallo: lo sucedido en la Argentina involucra al grupo nacional víctimas. Las víctimas de los hechos producidos en ese período (1976-1983) son integrantes del grupo nacional en los términos de la Convención sobre genocidio.
La condena al represor
-¿Cree que Etchecolatz es la punta de un iceberg. Qué es sólo el comienzo por lo más alto de la pirámide de las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad?
R: Yo no sabría decir eso ni debería opinar sobre eso porque sigo actuando en otras causas. Pero la idea es que Etchecolatz fue juzgado por una cantidad de delitos en los que no intervino solo. Sólo que se juzgó la responsabilidad de él.
-¿En el juicio quedó demostrado en todo caso que comandaba grupos?
R: Sí, pero eso ya estaba probado. Por ejemplo: que en la Argentina hubo un plan sistemático surge del Juicio a las Juntas. Más allá de que nunca se le haya puesto un nombre distinto, pero la mecánica de la tortura, del secuestro, eso está todo en la sentencia. Todo eso por supuesto que salió en el juicio a Etchecolatz, pero ya estaba de antes.
–¿En qué aspectos considera que el juicio de Etchecolatz hizo aportes a la reconstrucción del plan sistemático de exterminio?
R: Refuerza algo que ya había sido probado pero que en un paréntesis de 25 años, y si se vuelve a juzgar casos de esta naturaleza, es imprescindible recordarlo para decir: aquello que ya fue probado hoy se constata una vez más, porque hay personas que están relatando de manera no cuestionable con testimonios absolutamente claros y veraces, cómo han sucedido las cosas. Eso tiene un valor importante en cuanto a mantener la memoria. La impunidad ataca la memoria porque con el tiempo, por más reclamo que haya se pierde. La justicia cuando termina y cierra el círculo no solo permite el duelo de lo que nunca se puede cuando hay impunidad, sino que además permite mirar para adelante diciendo «por lo menos no dejamos atrás nada», en este caso particular porque tuvimos el espacio para juzgarlo y condenarlo; y eso cierra. Eso le permite (a las víctimas y sus familiares) comenzar un duelo que nunca se pudo hacer.
-¿Piensa que este juicio funcionó como instancia reparadora para los familiares y sobrevivientes? ¿Considera que estos juicios son reparadores?
R: Es subjetivo, pero yo en lo personal creo que sí. Y tiene que ver con lo que yo escuché: si una Madre (de Plaza de Mayo) dice que tenía una opresión en el pecho durante 30 años y se le fue y esa sensación física la tiene a partir de la sentencia es un hecho inobjetable, porque se puede cuestionar lo que la gente hace o dice, pero no lo que siente. Entonces si una Madre puede sentir eso, yo creo que mayor ejemplo paradigmático del valor reparador de un cacto de justicia no se donde se podría encontrar si no es en esto. Entonces, desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda, porque ese es uno de los testimonios que yo escuché porque me lo han dicho a mí. Eso yo lo presencié, lo vi y soy un convencido que el acto reparador que tiene una sentencia justa no es igualable con ninguna terapia. Hay que hacer terapias, lógico, pero la base de comenzar a elaborar un duelo es saber lo que pasó y que haya una respuesta del Estado, que no es otra que la sanción. Y eso es lo que se negó en este caso particular durante 25 años.
Caso López
-¿Qué piensa que el juicio haya sido teñido con la desaparición de Jorge Julio López? ¿Por qué cree que pasa esto, que el país deba vivir nuevamente esta situación?
R: Eso era impensable. Se habló mucho y se cuestionó con razón la ausencia del Estado en la protección de las víctimas. Lo cierto es que en todos los casos la protección específica, su demanda, tiene que ver con que uno se siente inseguro. Y acá se da la paradoja de que si el espacio existió para hacer este tipo de juicio, uno lo último que puede pensar es que dentro de ese espacio se puede llegar a una tragedia como la que estamos viviendo. Es más, creo que si hubiera existido conciencia de la posibilidad de este tipo de tragedia se hubieran encarado las cosas de otra manera. Pero la sociedad no consideró eso; no es un caso de que la Justicia o el Estado no lo consideró: las propias querellas no lo consideraron. Porque no esperaban esto. Lo que no quiere decir que, sucedido, uno no deba sentarse a pensar cómo se sigue. Porque se sigue, por supuesto.
-Cuando fue amenazado usted dijo que los juicios a los represores eran irreversibles... ¿Cómo se sigue?
R: Es irreversible; eso es un hecho y no tengo ninguna duda de que no hay vuelta atrás. Lo que sí hay es una toma de conciencia que fue creciendo con la desaparición de López, donde la Provincia se movilizó para generar mecanismos de protección que antes no estaban; la Nación lo mismo.
-¿Que tipo de testigo fue López en el juicio?
R: López es un hombre que no tiene ningún tipo de inhibición para contar lo que pasó. Necesita contarlo y tuvo el valor para contarlo. Entonces, en última instancia es el mejor testigo, porque no especula, no tiene reservas, no se guarda cosas y facilita, porque en general, el testigo es reticente de mala o buena fe, pero estamos hablando del que tiene dificultades para contar las cosas, se puede saber igual la verdad a través de su testimonio pero requiere proceso de interpretación distinto. En cambio, el testigo que como en el caso de López se sienta y cuenta lo que pasó y lo cuenta con una claridad y una lógica irrebatible, López dijo: “desde el lugar tal y tal se veía una palmera y un techo de tejas”. Cuando fuimos al lugar dijo: “ahí está”. Tengo una foto donde él me señala todas esas cosas.
Carlos Rozanski es con 55 años dueño de un amplio currículum vitae: es el primer juez federal nombrado por concurso por el Consejo de la Magistratura; fue titular de la Cámara del Crimen de Bariloche y participó en el Consejo de la Magistratura de Río Negro. Además, es especialista en legislación sobre maltrato y abuso infantil –muchos de los diplomas colgados en la pared de su despacho lo confirman- y publicó el libro “Abuso sexual infantil: Denunciar o silenciar”, y es el redactor de la ley 25852 del CPPN que regula el testimonio de chicos abusados ante la justicia. Junto con los jueces Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, firmó la sentencia a Etchecolatz y fue uno de los funcionarios judiciales que recibieron amenazas. [ANPRESS]
jueves, 14 de diciembre de 2006
9 mil policías hoy en actividad cumplieron funciones durante la dictadura
El juez Corazza, que investiga la desaparición del testigo López, tiene todos los legajos
[ ANPRESS ]
LA PLATA, 14 DIC.- Unos 9 mil efectivos de la Policía bonaerense que se incorporaron antes y durante la última dictadura militar continúan en actividad. Así lo confirman los legajos enviados por el Ministerio de Seguridad al juez Federal Arnaldo Corazza en el marco de la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio a Miguel Etchecolatz y de quien se desconoce paradero desde el 18 de septiembre pasado. Entre los legajos enviados a la Justicia figura el del Superintendente de Investigaciones, Roberto Silva, al frente de la búsqueda del albañil. Los organismos de derechos humanos piden que todos sean investigados.
Los nueve mil legajos -a los que Anpress tuvo acceso- llegaron el martes pasado al magistrado Arnaldo Corazza, titular del juzgado federal n° 3 de La Plata, quien había solicitado a la cartera que conduce León Arslanián -al menos un mes y medio atrás y en el marco de la causa por la desaparición de Jorge López- el listado de los uniformados que se incorporaron a la Policía antes del retorno de la democracia, en 1983.
Las 9 mil fichas registran incorporaciones de personal que aún hoy continúa en actividad -que suman aproximadamente el 20 por ciento de los efectivos de la Bonaerense- desde los años 1973, los primeros, hasta los finales de la dictadura, muchos de los cuales registran asignaciones de "destino desconocido" durante el período dictatorial.
Entre las fichas se encuentra la del actual Superintendente de Investigación en Función Judicial, Roberto Máximo Silva, quien ingresó en la fuerza policial en el año 1977 –plena dictadura- y actualmente conduce las investigaciones por la desaparición del testigo en el juicio al represor.
El Superintendente Roberto Máximo Silva fue nombrado el 3 de mayo del actual como nuevo Director General de Investigaciones en Función Judicial en reemplazo de Osvaldo Seisdedos. De hecho, en su legajo publicado la página web de la cartera de Seguridad se informa: "El oficial tiene 47 años, hace 29 que está en la fuerza y su anterior destino era el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales".
El pedido de informe solicitado por Corazza fue realizado en el marco de la causa por la desaparición de López impulsada por los organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya!, luego que el propio León Arslanián informara una semana después de la desaparición de López que unos 60 efectivos que habían trabajado en centros clandestinos de detención continuaban en actividad, de los que sólo 30 fueron jubilados por el Gobierno.
"No podemos decir que todos estuvieron en centros clandestinos, pero todos los ámbitos de la Policía participaron de la represión ilegal" durante la dictadura, manifestó a Anpress la testigo Nilda Eloy, integrante de Justicia Ya! Finalmente aclaró que deberá ser la Justicia quien determine si alguno de los 9 mil efectivos fue partícipe de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura que gobernó al país entre los años 1976 y 1983. [ANPRESS]
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